"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Inclusión laboral
Jornada "Empleados públicos con discapacidad: apoyos para una inclusión efectiva"
Expertos señalan la necesidad de impulsar la carrera profesional de los empleados públicos con discapacidad más allá de las cuotas de reserva
21/10/2014
Diversos expertos en empleo han reclamado la promoción de personas con discapacidad en el ámbito público más allá de las cuotas de reserva, como una apuesta firme del Gobierno para su inclusión real y el impulso de su carrera profesional en la Administración. La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, encargada de inaugurar el encuentro, aseguró que el “Gobierno impulsará la participación de personas con discapacidad en los tribunales y órganos de selección de la Administración Pública”.
La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, encargada de inaugurar el encuentro, aseguró que el “Gobierno impulsará la participación de personas con discapacidad en los tribunales y órganos de selección de la Administración Pública”.
El presidente del CSI-F, Miguel Borra, aseguró que uno de los principales objetivos del CSI-F es “conseguir la no discriminación y la igualdad de oportunidades” porque, ha dicho, “lo llevamos en el ADN” y “queremos ser referentes para los empleados públicos con discapacidad”.
Borra destacó la colaboración entre el CERMI y el CSI-F, entre cuyos objetivos subrayó dar visibilidad a una realidad de las administraciones públicas, hacer un diagnóstico preciso, aportar propuestas y ser altavoz del colectivo de personas con discapacidad.
Según consideró, “los recortes han tenido su respuesta en las personas con discapacidad con mayor influencia entre los empleados públicos con discapacidad” pero, puntualizó, “las políticas públicas no pueden quedar solo en el acceso a la administración sino que tienen que abarcar toda la vida laboral”. En este punto, aseguró que uno de los objetivos del CSI-F es que los empleados públicos con discapacidad tengan el mismo régimen de jubilación que el resto.
Tema preferencial
Además, señaló que “la discapacidad es cada vez menos originaria y más sobrevenida” y “se pueden dar muchos casos de empleados públicos que adquieran discapacidad posteriormente”. Por ello, lamentó que “las políticas no estén contemplando bien estos factores” e insistió en que “el elemento de la diversidad que enriquece la gestión que desde lo público se hace a la ciudadanía”.
Muchas barreras
Durante la ponencia inaugural ‘Orientaciones para un sector público inclusivo con las personas con discapacidad’, Manuel Arenilla, director del INAP, aseguró que aunque en España “está prácticamente resuelto el problema del acceso a la Administración Pública de las personas con discapacidad”, esto no ocurre de forma equitativa en el conjunto de las administraciones y puso el ejemplo de los cuerpos generales, que cumplen mejor la cuota de reserva que los cuerpos superiores, o las diferencias entre comunidades autónomas.
Así, explicó que en España, “desde la oferta hasta la ocupación efectiva del puesto hay muchas barreras”, como aquellas de carácter legal, o la ausencia de personas con discapacidad en los tribunales de selección.
Desde su punto de vista, “hay que preguntarse si es adecuado un sistema de selección basado solo en el conocimiento, que deja fuera no solo a personas con discapacidad sino a otros grupos, como a las personas con dificultades de carácter cognitivo”. En su opinión, “existen muchas barreras a las capacidades distintas”, ha dicho, y ha considerado necesario diseñar sistemas selectivos y de carrera que salten estas barreras y pongan el foco en el talento.
Buenas prácticas
Posteriormente, José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo se refirió al ‘Marco de apoyos a los empleados públicos con discapacidad’ y consideró que “no solo hay que poner el acento en la cuota de acceso porque hay muchos supuestos de discapacidad sobrevenida”. En esta línea, puso el ejemplo de Reino Unido, que no tiene una reserva de cuota legal, pero es el país de la UE con mayor número de personas con discapacidad en la administración, con un 11,9%.
Así, se refirió a la necesidad de poner en marcha buenas prácticas en este ámbito, como fomentar la flexibilidad de las pruebas, formar específicamente a los miembros de los tribunales de selección en materia de igualdad de oportunidades, impulsar la accesibilidad y los ajustes en los puestos de trabajo.
En este sentido, aseguró que solo en Cataluña hay protocolos de acogida y no existen prácticamente acciones de formación específicas para empleados con discapacidad. “Es necesario un compromiso para la efectiva inclusión de las personas con discapacidad”, afirmó.
Cupos y medidas efectivas
Asimismo, Ángel Melchor, subdirector general de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública, abordó ‘La discapacidad en las políticas de función pública’ y señaló que “existe un porcentaje importante de plazas para personas con discapacidad no cubiertas en los últimos años que llega al 40%”, algo que, aseguró, “aumenta especialmente en el caso de personas con discapacidad intelectual”.
Desde su punto de vista, es necesario “mantener los cupos de reserva”, así como “establecer medidas para que estos cupos se cumplan efectivamente”. Además, insistió en que “existe un marco adecuado pero hay que hacer que evolucione”, estableciendo, por ejemplo, un mínimo de plazas para la convocatoria de turno independiente.
Melchor afirmó que “la mayor parte de las personas con discapacidad que acceden al empleo público lo hacen en los menores niveles de titulación”, por lo que señaló que “es necesario no establecer un cupo de reserva a ciegas sino dirigido a cuerpos y escalas donde hay personas con discapacidad que han accedido a titulaciones determinadas”, así como “incrementar el conocimiento y el seguimiento sobre la realidad de los empleados públicos con discapacidad para adoptar las medidas oportunas”.
